Las luchas de las comunidades rurales (e indígenas) en la región de la
Costa Sur de Guatemala se vienen acentuando en los últimos años con las
problemáticas que deterioran y destruyen el medio, impactando negativamente en
su salud, seguridad y soberanía alimentaria, y economía familiar. Los
problemas, como en otras partes del país, se llaman: grandes represas y minas,
acaparamiento de tierras, monocultivos de caña de azúcar y palma africana,
dependencia de paquetes tecnológicos de semillas y agrotóxicos, deforestación,
agrocombustibles, contaminación, falta de acceso a servicios públicos
básicos,...
Curioso,
¿verdad? Todo les suena. Efectivamente, son exactamente los mismos ataques que
viene y está sufriendo el mundo rural en España, estamos de acuerdo que a otra
escala, pero los mismos. Será, tal vez, que son los mismos poderes económicos
los que operan uno y otro lado del Charco Atlántico…
Igual
el problema de las presas ya cesó en España, como cesó la vida para numerosos
pueblos ahogados por el bien común, que para eso somos el país del mundo con mayor número de presas por
habitante y km2. La problemática de las minas también lo conocemos y
más ahora que la rentabilidad exige que sean a cielo abierto y la mayoría se
aprueban sin resistencia, gracias al bien vendido engaño del mal pan para hoy
que oculta el hambre para mañana de una tierra inservible de por vida para
todas aquellos aprovechamientos agrosilvopastores (y sostenibles) que llevaba
sosteniendo históricamente. Otras, en cambio, generan una cierta resistencia,
como el caso de Zilbeti.
En
el proceso creciente de acaparamiento de tierras somos principiantes, pero ya
desde el gobierno español se están dando los primeros pasos, con el intento de
expolio de 4 millones de hectáreas de comunales, que supone el proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado 26 de julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria: quizá el ataque más grave. Con la excusa del ahorro
en el gasto público se pretende eliminar 3700 Entidades Locales Menores, que de
facto no suponen ningún gasto de gestión. Lo que se oculta es que detrás de
ellas hay miles de hectáreas de bienes públicos y comunales que pasarían a ser gestionados por los municipios
que les absorbiesen, perdiéndose su carácter comunal y con ello abriéndose la
baraja para que pudiesen ser vendidos a grandes grupos empresariales, abriéndose
la veda para todo tipo de megaproyectos, como el fracking, y acallándose las voces
críticas. Así, se iniciaría un proceso de acaparamiento de tierras, montes y pastos comunales que pertenecen a los pueblos y a las
gentes que las habitan y que no son una mercancía, sino la base de la identidad
colectiva y el sustento de multitud de actividades agrarias, como la ganadería
extensiva. También por el mismo proceso se cerraría la
vía para la necesaria recuperación de las actividades agrarias, en un
país en el que es necesario restablecer la soberanía alimentaria y una
población agraria que sin comunales no va a disponer de tierra para una
previsible vuelta al campo desde las urbes.
Un recomendación de documental: "Stop al Expolio de los Bienes Comunales".
En monocultivos y agricultura convencional (industrial) somos también expertos y muy poco conscientes de los problemas que generan. La revolución verde también nos enseñó a despoblar las actividades agropecuarias tradicionales y hacer dependientes de multinacionales y de sus paquetes tecnológicos a los pequeños productores, pero en España, en cambio, somos más “solidarios” y como tampoco les pagamos justamente por su producto, por su trabajo, le subsidiamos para que mal subsistan y sean vistos por la sociedad como unos vagos mantenidos.
Un recomendación de documental: "Stop al Expolio de los Bienes Comunales".
En monocultivos y agricultura convencional (industrial) somos también expertos y muy poco conscientes de los problemas que generan. La revolución verde también nos enseñó a despoblar las actividades agropecuarias tradicionales y hacer dependientes de multinacionales y de sus paquetes tecnológicos a los pequeños productores, pero en España, en cambio, somos más “solidarios” y como tampoco les pagamos justamente por su producto, por su trabajo, le subsidiamos para que mal subsistan y sean vistos por la sociedad como unos vagos mantenidos.
En el acceso
a servicios básicos el mundo rural español también es carente, la no
rentabilidad (¡ni que los servicios públicos se debieran medir con la vara de
la rentabilidad!) de unos ciudadanos de segunda, hace que los niños tengan que
recorrer largas distancias para ir a la escuela o que las emergencias médicas
haya que tomárselas con la calma de un largo recorrido hasta la capital de
provincia (Arribes quiere vida es un buen ejemplo relativo a la sanidad).
En
Guatemala, sin embargo, en las aldeas y comunidades se es mucho más consciente que en España
de su situación y sus luchas se sienten inmensamente más potentes, bien es cierto que
los problemas se ven acentuados y las masacres para acallar las voces críticas
sean el pan de cada día. Ya iré abriendo el abanico, pero el “campo” español y
guatemalteco se parecen más que bastante, y para estos inicios he hablado más
del primero, del que bien conozco, el otro por el momento lo voy
conociendo.
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